Europa pone fin a las barreras geográficas para comprar por Internet
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El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han comunicado un acuerdo que tiene el objetivo de poner fin "al geobloqueo injustificado" a los consumidores que desean comprar productos o servicios en Internet dentro de la UE.
El acuerdo conllevará la puesta en marcha de una serie de medidas que buscan beneficiar a los consumidores y que las empresas aprovechen un mercado en plena expansión, como es el del comercio electrónico.
En palabras de Andrus Ansip, responsable del Mercado Único Digital, “hoy ponemos fin a la discriminación injustificada cuando compramos online. Con la nueva normativa, los europeos podrán elegir desde que sitio web desean comprar, sin ser bloqueados ni redireccionados”.
La nueva normativa entrará en vigor dentro de un año, concretamente para la Navidad de 2018. Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME, ha afirmado que lo que está haciendo lo UE es “actualizar el mercado único al mundo digital, ofreciendo a los ciudadanos la misma posibilidad de acceder a la más amplia gama de ofertas, independientemente si lo hacen en una tienda física en otro país o de manera online”.
Bieńkowska, además, ha explicado que el siguiente paso será “bajar los precios de la entrega de paquetes transfronterizos” para así “fomentar que los usuarios compren y vendan productos en toda la Unión Europea”.
A grandes rasgos, con la nueva normativa, los casi 500 millones de ciudadanos europeos podrán comprar por Internet, alquilar coches o comprar entradas en cualquier tienda online de la UE, independientemente del país en el que se encuentren, sin que tengan problemas como si una tarjeta de crédito o de débito ha sido emitida en otro país diferente al de la tienda online.
Además, las empresas podrán contar con una mayor seguridad jurídica a la hora de operar a través de las fronteras.
La normativa no impone una obligación de vender y no armonizar los precios, pero sí que aborda la discriminación en el acceso a bienes y servicios en los casos en que no puede justificarse de manera objetiva (por ejemplo, por obligaciones del IVA o por otros requisitos legales).
