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Riesgos del uso y distribución de software ilegal

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La tasa de piratería en España descendió en 2016 por primera vez desde que comenzara la crisis, allá por 2010. Esta reducción podría considerarse como una muy buena noticia si no llega a ser porque el porcentaje se sitúa en el 44%, 15 puntos por encima de la media de la Unión Europea. El uso y la distribución de software ilegal conlleva una serie de riesgos, tanto de pérdida de reputación, como económicos. ¿Cómo está afrontando el canal de distribución TI la "competencia desleal"?

Aunque el software sin licencia instalado en PC muestra un cambio de tendencia y comienza a descender, todavía sigue siendo un problema. Así lo indica un nuevo informe de BSA The Software Alliance, según el cual, el índice de software sin licencia en equipos informáticos de todo el mundo se redujo entre 2013 y 2015 en cuatro puntos, hasta el 39%.

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El descenso se debe, según palabras de Carlos Pérez, Socio de ECIJA, firma legal de BSA en España, “a una mejora en las políticas de protección de la propiedad intelectual junto a las acciones legales contra los infractores”.

A pesar de esto, Pérez cree que todavía nos movemos “en valores muy elevados”. No en vano, cuatro de cada diez programas instalados en el mundo “no están correctamente regularizados”.

Situación en España

España también ha notado un descenso, aunque de un solo punto, lo que sitúa el índice de software ilegal en el 44%, según el informe de la BSA. A pesar de la ligera mejoría, nuestro país se encuentra 15 puntos por encima de la media de la Unión Europea, lo que supone un coste comercial medio de más de 819 millones de euros para los fabricantes y desarrolladores de software.

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“Los datos sobre el uso de software en nuestro país confirman un cambio de tendencia que veníamos detectando”, afirma Andrés Pi, portavoz del comité español de BSA. “En cualquier caso, aún estamos lejos del nivel en el que deberíamos estar como país desarrollado”.

En el caso de España, “hay que poner en contexto esta reducción de un punto. Nuestro país venía de una tendencia ascendente entre 2009 y 2013 que nos llevó del 42% en 2009 al 45% en 2013. Un dato preocupante y en el que la crisis pudo tener algo que ver”, añade Carlos Pérez. “Ahora valoramos el cambio de tendencia y esperamos que se confirme”.

Costes de la piratería en España

Estar 15 puntos por encima de la media europea acarrea una serie de costes para un sector, el de software, que, según el último informe del Hipersector TIC 2015-2016 de AMETIC, generó casi 3.000 millones de euros en 2015 (2.992 millones de euros), un 3,4% más que en 2014 y casi igualando los datos de 2011, último año en el que el sector superó los 3.000 millones de euros (3.036 millones).

Y es que, no hay que olvidar que, el software mejora la competitividad y la productividad de las empresas, impulsando así la economía de los países; y que una correcta gestión del mismo permite ahorros de inversión y una reducción en los costes laborales asociados a las TI.

Los 15 puntos “es un dato que hay que tener en cuenta si queremos que se desarrolle una industria española del software y si queremos empresas competitivas”, explica Carlos Pérez. “Estamos aún lejos de los niveles de los países más avanzados y de nuestro entorno, principalmente la Unión Europea. Estimamos que el software ilegal registrado en nuestro país supone un coste comercial medio de más de 819 millones de euros para los fabricantes y desarrolladores de software. Se trata del valor comercial del software sin licencia instalado en PC y servidores si hubiera sido adquirido en el mercado a fabricantes o distribuidores de forma legal”.

Motivos de la reducción

Aunque de un único punto, lo cierto es que el descenso del uso de software ilegal en España es una buena noticia que se puede deber a dos factores: la entrada en vigor en 2015 del nuevo Código Penal, “que mejoró la protección penal de los derechos de propiedad intelectual, como los que protegen al software, y que ha podido tener un efecto disuasorio en las empresas”, y a las acciones de concienciación de organismos como la propia BSA, AMETIC o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

En el caso de la BSA, el organismo ha estado muy activo desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal “mediante actividades de concienciación dirigidas a los responsables y los administradores de las empresas para que sean conscientes de los riesgos que corren, no solo desde el punto de vista legal y económico, sino también desde el punto de vista de la seguridad de sus sistemas y su competitividad”.

 

 

Impacto de la Reforma del Código Penal

Si nos centramos en la Reforma del Código Penal, Carlos Pérez considera que “aunque es pronto para poner en perspectiva cómo ha afectado, empieza a verse un creciente interés por las consecuencias que tiene para empresas y empresarios, especialmente entre las pymes que han empezado más tarde que el resto a preocuparse por todo lo que tiene que ver con el compliance, la seguridad, etc”.

Desde el 1 de julio de 2015, fecha en la que entró en vigor la Reforma del Código Penal, “cualquier beneficio directo o indirecto derivado de una infracción de derechos de autor es considerado delito, por lo que el mero impago de las licencias de software permite perseguir, por vía penal, a la empresa”. Además, las empresas que no hayan adoptado medidas para evitar que sus equipos tengan software ilegal “son penalmente responsables de su uso pudiendo aplicarse las penas previstas, además de las correspondientes indemnizaciones: multas de hasta 288.000 euros, suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener contratos, subvenciones y ayudas de las administraciones públicas e intervención judicial o disolución de la persona jurídica en último extremo”. La tercera gran medida afecta a los administradores de las empresas que tengan software ilegal en sus sistemas informáticos, “y que no hayan adoptado las medidas de prevención y control necesarias para evitarlo”, ya que ahora son también penal y civilmente responsables, llegando a enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión.

“No consideramos necesario endurecer las penas, simplemente que se aplique la ley en toda su extensión y que los juzgados mercantiles sean conscientes del grave perjuicio que genera la piratería de software”, asegura Carlos Pérez, quien añade que “la entrada en vigor del Código Penal y la gran difusión que tuvo en su momento ha podido tener un efecto disuasorio en las empresas y entre empresarios que empezaron a preguntarse entonces por lo que tenían instalado en sus sistemas informáticos”. Aun así, “seguimos detectando el desconocimiento que hay en muchas pequeñas empresas de las desventajas y riesgos que supone utilizar software de fuentes no autorizadas y no aprovechar las grandes ventajas que supone contar con software licenciado”.

 

 

Riesgo para las empresas

El uso de software ilegal conlleva una serie de riesgos para las empresas, las cuales cree que si se decantan por este tipo de programas ahorran costes. No obstante, no son conscientes de los riesgos a los que se enfrentan; en el peor de los escenarios, al cierre de su negocio.

Aunque cada vez son más los directores de TI preocupados por los riesgos que conlleva el uso de software no autorizado, el año pasado, sólo un 34% de las empresas en España tenía políticas formales establecidas con los requerimientos pertinentes para el uso de software con la licencia correcta, con lo que esto implica.

“Los posibles riesgos del uso de software sin licencia son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema informático o una mayor exposición a los ataques de virus informáticos y malware, así como el daño a la reputación de la empresa. Por estos motivos, la correcta gestión de activos de software es crucial para una organización", destaca Carlos López. Además, “las empresas que disponen de software sin licencia en sus sistemas informáticos se exponen a una serie de riesgos muy graves. Si se detecta que una organización dispone de software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro, lo que también puede derivar en significativos gastos adicionales - no planificados”.

 

 

Problemas de seguridad

A esto también hay que añadir los graves problemas de seguridad que conlleva el uso de software ilegal.

“Un país con empresas que no utilizan todo el potencial del software es un país que renuncia a parte de su competitividad y que está más expuestos a riesgos de seguridad”, afirma Carlos Pérez. “Nuestros estudios muestran efectivamente que cuanto mayor es el índice de software sin licencia instalado en los equipos mayor es la probabilidad de que exista malware (software malicioso) en dichos equipos, con los graves riesgos que ello conlleva. Esto supone también un coste económico, solo en 2015 los ciberataques a empresas representaron un coste de más de 400.000 millones de dólares”.

Es más, y tal y como explica Daniel Firvida, coordinador de servicios de seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), nos encontramos ante un momento en el que el uso de software ilegal supone no saber hacer frente al reto que supone “la creciente hiperconexión de dispositivos y sistemas de todo tipo”. Fírvida, además, advierte del “momento romántico” de los ataques por parte de individuos con el fin de ganar notoriedad ha pasado y que hoy los ataques cibernéticos son obra de organizaciones criminales muy preparadas cuya única finalidad es el robo de datos y las estafas, algo que es más fácil si se utiliza software pirata. “Es necesario contar siempre con software con soporte del fabricante como primera línea de defensa ante posibles ataques”.

Problema para el canal

La elevada tasa de uso de software ilegal en nuestro país representa, también, un importante riesgo no sólo para las empresas sino también para el canal de distribución que tiene que luchar en un mercado donde la competencia desleal está a la orden del día.

“Aunque no tenemos datos recientes, podemos recordar que la comercialización de software ilegal en el canal empezó a descender de manera significativa en 2010, gracias en parte a las iniciativas llevadas a cabo de nuevo en colaboración con organizaciones como AMETIC y ADDETI, y con el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en otra campaña de la que formamos parte, Software 100% legal”, explica Carlos Pérez. “Estimamos que el índice en el canal puede ser de en torno al 20% y cada vez más el profesional reseller es consciente de que gana más asesorando y ofreciendo sobre las mejores opciones de software para un cliente que instalando copias sin licencia, incurriendo en un delito ambos”.

En este sentido, es importante destacar que el canal juega un papel importantísimo a la hora de “concienciar” a las distintas empresas sobre las ventajas del uso del software con licencia y del potencial de la correcta gestión de activos de software (SAM), que supone también una importante vía de negocio.

Qué hacer para reducir los niveles de piratería

Como en casi todos los sectores, el canal de distribución TI juega un importante rol a la hora de ayudar a reducir el índice de piratería. Eso sí, y tal y como explica Carlos Pérez, para que España se sitúe en los niveles de uso de software ilegal se requiere “una combinación de educación, políticas públicas, acciones legales y sistemas de control eficientes”. De esta forma, “los distribuidores deben ser los principales “embajadores” del software con licencia, por responsabilidad y por negocio. Las empresas deben entender mejor cómo gestionar sus activos de software y sus licencias para que respondan a sus necesidades de negocio”. Los resellers “son claves para explicar los beneficios que conlleva la utilización de software correctamente licenciado e informar de los riesgos legales, operativos y de seguridad a los que se enfrenta su cliente si opta por instalar más licencias de las que ha adquirido, etc”. En definitiva, apostar por el uso de software legal no sólo conlleva beneficios de negocio, sino que puede evitar más de un quebradero de cabeza a las empresas.