La pyme española se enfrenta al gran reto de la digitalización obligatoria

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En 2023, solo el 61,4% de las compañías de 10 o más empleados alcanzaba un nivel básico de intensidad digital. La brecha digital entre microempresas y empresas de mayor tamaño sigue abierta: escasea el talento que pilote la transformación y garantice el control financiero y el cumplimiento normativo.

España cuenta con 3,25 millones de empresas económicamente activas; de ellas, 2,94 millones son pequeñas y medianas, es decir, el 99,1% del total y más del 65% del PIB nacional. Además, este tejido genera 11.355.853 puestos de trabajo, el 61% del empleo nacional.

Este “motor” económico se enfrenta en 2025 a un gran reto: la digitalización obligatoria. La Ley 18/2022 “Crea y Crece” obliga a emitir facturas electrónicas entre empresas de forma escalonada a partir de la publicación de su reglamento, prevista para este año. Sin un gobierno sólido de la tesorería y de los datos, la digitalización puede convertirse en un nuevo foco de riesgo operativo.

Sin embargo, en 2023, solo 61,4% de las compañías de 10 o más empleados alcanzaba un nivel básico de intensidad digital, lejos del objetivo europeo del 90% para 2030.

El otro problema que típicamente enfrentan las pequeñas y medianas empresas españolas es la tensión de caja. Según el Observatorio de Morosidad de CEPYME, el período medio de pago (PMP) rebasó los 84 días en el primer trimestre de 2024; el 55,7% de las facturas se abonó fuera de plazo, 24 días por encima del límite legal de 60 días. El coste financiero que esto supone para la pyme se disparó a 2.930 millones de euros.