Un tercio de la población española sigue sin habilidades básicas
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España supera la media europea en competencias digitales, pero millones de personas continúan excluidas del entorno digital por motivos económicos, territoriales y formativos. La conectividad no es solo infraestructura, sino un derecho que requiere políticas sociales, acompañamiento y alfabetización digital.
Somos Conexión ha advertido de que la brecha digital sigue siendo una de las formas de desigualdad estructural más profundas de la sociedad actual. Su origen, subrayan, no se limita a la edad o a la falta de habilidades individuales, sino que está estrechamente ligado a la desigualdad económica y al acceso real a recursos digitales básicos.
El último informe Facts and Figures 2025 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) revela que 2,2?mil millones de personas permanecían sin conexión a internet en 2025, casi una cuarta parte de la población mundial. Las diferencias por nivel de ingresos, género y territorio continúan marcando quién puede participar plenamente en la vida digital y quién queda al margen.
Aunque el número global de usuarios conectados alcanzó los 6.000 millones en 2025, la inclusión digital sigue siendo profundamente desigual. En países de altos ingresos, el uso de internet supera el 90%, mientras que en economías de bajos ingresos apenas llega al 23%. A ello se suma una brecha rural-urbana persistente y diferencias significativas en la calidad de la conexión, el coste de los servicios y el acceso a dispositivos adecuados.
En España, la situación es más favorable en términos de infraestructura: la banda ancha ultrarrápida llega a más del 95% de los hogares, por encima de la media europea. Sin embargo, el acceso no garantiza el uso efectivo. El Informe del Estado de la Década Digital 2025 indica que solo el 66% de la población posee competencias digitales básicas, lo que deja a más de un tercio de la ciudadanía sin habilidades suficientes para desenvolverse con autonomía en entornos digitales.
Para Gemma Úbeda, coordinadora del proyecto Brecha digital de Somos Conexión, “disponer de infraestructura no equivale a garantizar el derecho a la conectividad si no se acompaña de políticas que aseguren accesibilidad económica, formación y acompañamiento comunitario”.
Servicios digitalizados, derechos en riesgo
La aceleración de la digitalización en servicios públicos y privados ha convertido internet en una puerta de acceso imprescindible para la vida cotidiana. Solicitar ayudas sociales, pedir cita médica, acceder a formación, realizar trámites administrativos o participar en procesos laborales depende cada vez más de plataformas digitales.
Cuando estas se convierten en la única vía disponible, quienes no cuentan con recursos económicos o competencias digitales suficientes quedan en una situación de desventaja estructural que refuerza otras formas de exclusión ya existentes.
Úbeda insiste en que la alfabetización digital debe considerarse una herramienta esencial de inclusión social y económica: “Aprender a utilizar las tecnologías de manera autónoma, crítica y segura no puede ser un privilegio, sino un derecho garantizado mediante políticas públicas, iniciativas comunitarias y modelos de conectividad con criterios sociales”.
La cooperativa recuerda que cerrar la brecha digital no solo implica desplegar redes, sino asegurar que todas las personas puedan acceder, comprender y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno digital.