El 72,8% de las administraciones públicas dispone de políticas de teletrabajo

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Factores como la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y la dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo aparecen como los principales retos a la hora de abordar la consolidación de políticas de Smart Working en la Administración pública.

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Un estudio de IDC España en colaboración con Mitel ha indagado en los retos y prioridades de TI de la Administración Pública en España, y revela que el 81% de las administraciones y entidades del sector público se encuentra en las primeras etapas de su transición en su digitalización, pese a que se encuentra bajo una intensa presión para mejorar continuamente los servicios y la participación ciudadana, sobre todo ahora que el volumen de interacciones no presenciales se ha visto incrementado por la COVID-19.

Uno de los efectos más significativos de la pandemia ha sido la implantación de políticas de Smart Working en las organizaciones, debido a la premura con la que éstas han tenido que abordar la movilización en torno al trabajo desde el hogar para evitar la propagación del virus y garantizar tanto el bienestar de los trabajadores como la continuidad del negocio. En el caso concreto del sector público, el 72,8% de las organizaciones reconoce disponer de políticas de teletrabajo, lo que está llevando a implantar jornadas mixtas de un día a la semana de teletrabajo (26,7%) o bien tres días a la semana (12%), si bien son las organizaciones de mayor tamaño las que están incorporando este tipo de políticas de manera más visible.

Para poder implantar de manera adecuada una política de teletrabajo en las organizaciones públicas, no solo basta con disponer de la tecnología y herramientas necesarias, debe existir una legislación que permita al empleado público poder realizar su actividad en otra ubicación. En España, el 85,4% de las organizaciones consultadas afirma disponer del entorno requerido (tecnología, herramientas y entorno regulatorio) para realizar teletrabajo.

Preguntadas por las prioridades de inversión asociadas al puesto de trabajo para los próximos 12 meses, la formación y recualificación del personal para incrementar las capacidades digitales aparece como la principal prioridad, seguida de la automatización de procesos, adecuación y habilitación del espacio de trabajo digital, así como el seguimiento y mejora de la experiencia del empleado.

Adecuar y habilitar el espacio de trabajo es una prioridad sobre todo para la administración regional. El 39,2% de la muestra considera que se necesita invertir más en transformar el puesto de trabajo más allá de la incorporación de tecnología (dispositivos, infraestructuras, etc.), siendo la automatización de procesos un elemento clave que permitiría incrementar la productividad del empleado público.

Para MItel, en los ámbitos de automatización de procesos y transformación del puesto de trabajo, las soluciones de comunicaciones unificadas, colaboración y experiencia del cliente son esenciales para dar respuesta a dichos retos en el marco de una transformación, que ahora es ya un imperativo. “En este nuevo escenario actual, las conexiones son más cruciales que nunca. La nueva normalidad varía de una organización a otra, pero sea cual sea el formato, las entidades deben brindar el apoyo necesario a los empleados para que sigan conectados, colaborando y prestando el mejor servicio a la ciudadanía. Y, para ello, las soluciones de comunicaciones unificadas permiten que las interacciones de los equipos sean más orgánicas y eficientes”, dice Rodrigo González, Iberia Country Manager, Mitel.